Corrupción → Casos judiciales → Caso Las Malvinas — desaparición forzada, tortura y asesinato de cuatro niños por militares en Guayaquil
Caso Las Malvinas — desaparición forzada, tortura y asesinato de cuatro niños por militares en Guayaquil
Sentencia firmeTambién conocido como: Caso Malvinas · Los cuatro de Las Malvinas · Los cuatro de Guayaquil
La noche del 8 de diciembre de 2024, Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15), Josué Didier Arroyo Bustos (14), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15) y Steven Gerald Medina Lajones (11) fueron detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) cerca del Mall del Sur, en el sector Las Malvinas, sur de Guayaquil, tras jugar un partido de fútbol. El 23 de diciembre, el entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en rueda de prensa que 'los niños estaban robando junto a cuatro más a una mujer', que la patrulla 'neutralizó a tres personas y una cuarta es entregada por ciudadanos', y que el error de los militares fue dejarlos en libertad en vez de entregarlos a la Policía. La Fiscalía General rechazó esa versión. Las familias sostienen otra: Luis Arroyo, padre de dos de los niños, relató que Ismael le contó por teléfono que los militares 'los habían cogido en Mall del Sur, sin que estuvieran haciendo nada malo'; Johanna Arboleda, madre de Nehemías, describió un video en el que los militares 'les pisan la cabeza'. El 24 de diciembre de 2024 se hallaron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura (Naranjal, Guayas), a unos 40 km de donde fueron detenidos; pruebas de genética forense confirmaron el 25 de diciembre que correspondían a los cuatro niños. Un tribunal sentenció el 22 de diciembre de 2025 a 11 militares como autores directos (34 años y 8 meses de prisión cada uno) y a 5 militares colaboradores eficaces (30 meses cada uno, tras acuerdos de cooperación con la Fiscalía); un teniente coronel fue absuelto. El ministro Loffredo nunca enfrentó un proceso penal: la Asamblea Nacional le declaró responsabilidad política e inició un juicio político que fue archivado cuando Acción Democrática Nacional (ADN, el mismo bloque del Gobierno) asumió el control de la Comisión de Fiscalización tras la reelección del presidente Daniel Noboa en 2025.
Cronología
Participantes (5)
Gian Carlo Loffredo
Ministro de Defensa (dic. 2024) — declaró que los niños 'estaban robando' y defendió el operativo militar — Ministerio de Defensa
No enfrentó proceso penal. La Asamblea Nacional le declaró responsabilidad política e inició un juicio político; Loffredo no compareció ante el pleno pese a que la ley se lo exigía. El proceso fue archivado cuando ADN —el mismo bloque del Gobierno— asumió el control de la Comisión de Fiscalización, tras la reelección del presidente Noboa en 2025.
11 militares de la FAE — autores directos
Patrulla y mandos que ejecutaron el secuestro, la tortura y el asesinato de los cuatro niños — Fuerza Aérea Ecuatoriana
Condenados el 22 de diciembre de 2025 a 34 años y 8 meses de prisión cada uno. Nombres individuales no todos precisados en las fuentes consultadas (la prensa ecuatoriana suele reservar la identidad completa de procesados hasta sentencia firme, usando solo nombre e iniciales de apellido).
5 militares de la FAE — colaboradores eficaces
Militares que cooperaron con la Fiscalía a cambio de una pena reducida — Fuerza Aérea Ecuatoriana
30 meses de prisión cada uno, tras acuerdos de cooperación eficaz. Entre ellos, el sargento Nelson Oswaldo S.Z., cuyo testimonio ayudó a reconstruir el recorrido de las víctimas y reveló la orden de borrar un video de las agresiones.
John Henry Z.E.
Subteniente de la FAE — grabó un video mientras agredía a los niños y disparó su arma cerca de la cabeza de uno de ellos, según testimonio de un compañero — Fuerza Aérea Ecuatoriana
Señalado por el testimonio del sargento colaborador Nelson Oswaldo S.Z. Las fuentes consultadas no precisan si su condena individual está incluida entre los 11 autores directos o si su proceso siguió una vía separada — no se pudo confirmar cuál.
Un teniente coronel de la FAE
Procesado dentro del mismo expediente — Fuerza Aérea Ecuatoriana
Identidad no precisada en las fuentes consultadas. Absuelto en la sentencia del 22 de diciembre de 2025 — presunción de inocencia respecto a este proceso específico.
Cobertura en video
Limitaciones de este caso
- El ministro que declaró públicamente que los niños 'estaban robando' fue Gian Carlo Loffredo (Defensa), no John Reimberg (Interior/Gobierno) — no se encontró en las fuentes consultadas una declaración equivalente de Reimberg calificando a los niños de delincuentes; su papel documentado en este caso es posterior (la Policía bajo su cargo capturó a un sospechoso civil vinculado al expediente, y fue convocado a la audiencia de la Corte Constitucional del 21 de noviembre de 2025). Se corrige aquí para no atribuir una cita a quien no la dijo.
- No se encontró en las fuentes consultadas evidencia de una 'compra de medios' literal por parte del Gobierno. Lo que sí está documentado por Pie de Página (21 jun. 2026) son campañas de desprestigio en redes sociales que vincularon a las víctimas con 'organizaciones criminales', y una campaña de ataques digitales, difamación mediática y estigmatización política contra la activista Linda Bravo y contra asambleístas (Paola Cabezas, Ricardo Patiño) y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por respaldar a las familias. Se documenta esto — que sí tiene fuente — en vez de la acusación de 'compra de medios', que no la tiene.
- Presunción de inocencia: el teniente coronel absuelto lo fue en este proceso específico; su identidad no se precisa aquí porque las fuentes consultadas tampoco la precisan. Los nombres colectivos ('11 militares', '5 militares') reflejan que la prensa consultada no publicó la lista completa de identidades — no es una omisión de este sitio.
- La orden de borrar el video de las agresiones (atribuida a 'un general y tres coroneles' por el sargento colaborador Nelson Oswaldo S.Z.) es un testimonio dentro del juicio contra los 17 militares procesados, no un hallazgo judicial aparte confirmado contra esos mandos específicos por el delito de destrucción de evidencia — se documenta como lo que es: una declaración testimonial que forma parte del expediente.
- El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios (la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Gobierno Nataly Morillo) hicieron declaraciones públicas sobre el caso, pero ninguno de los dos fue procesado penalmente por él — no se incluyen en la lista de participantes con un veredicto, para no sugerir un proceso judicial que no existió contra ellos. Sus declaraciones sí se documentan en la cronología.
- Título penal: la desaparición forzada está tipificada en el Art. 84 del COIP (Código Orgánico Integral Penal) dentro de los delitos contra la humanidad, con pena de 22 a 26 años — la condena de 34 años y 8 meses a los 11 autores directos corresponde a un concurso de delitos (desaparición forzada, tortura y asesinato), no solo al artículo 84 por separado.
- Este caso (4 niños, ya con condena firme) es una de 53 desapariciones forzadas por militares que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) documenta desde enero de 2024, en el marco del conflicto armado interno — las otras 49, incluidas 26 con medidas cautelares de la CIDH otorgadas en diciembre de 2025, siguen sin resolución judicial ni paradero confirmado. Ver el patrón completo, con su propia cronología y fuentes, en 'Desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno' (pestaña Investigaciones propias).
Fuentes
Ver este y los otros casos con línea de tiempo interactiva y mapa de conexiones en Corrupción → Casos judiciales.