Casos judiciales Investigaciones propias
Casos judiciales Todos (12) Sentencia firme (6) En juicio (4) En investigación (2)
Caso Pruebas COVID-19 — familia Bucaram En juicio La Fiscalía acusa al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, y a los ciudadanos israelíes Oren Sheinman y Orietta Marengo, junto al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, de integrar una estructura de delincuencia organizada que comercializó ilegalmente, sin factura y sin pagar impuestos, unas 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos (mascarillas) durante la emergencia sanitaria de 2020 — usando vehículos y personal de la AMT para trasladar la mercadería, presuntamente hasta la vivienda de Abdalá Bucaram. Un testigo (uno de los israelíes, antes de morir) declaró que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por las pruebas — una declaración testimonial, no un hecho documentado de forma independiente en las fuentes consultadas. El caso incluye también cargos de enriquecimiento ilícito, estafa, uso fraudulento de documento público y evasión tributaria. Ninguno de los procesados tiene sentencia firme: el caso pasó por un sobreseimiento en 2021, una apelación de la Fiscalía, y una reversión que los envió a juicio; la lectura de sentencia ha sido aplazada varias veces durante 2026 y, según la última fecha confirmada en las fuentes consultadas, estaba prevista para el 26 de agosto de 2026 — después de esa fecha no se pudo confirmar un veredicto.
Enriquecimiento ilícito Monto citado: $321.600 Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito / Fiscalía General del Estado
Caso "Triple A" — comercialización ilegal de combustible subsidiado En juicio La Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH) y Petroecuador acusan a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y a una red de empresas de su entorno familiar (Copedesa, Fuelcorp y otras) de desviar cerca de 22 millones de galones de combustible subsidiado (segmentos automotor y naviero nacional) hacia segmentos sin subsidio, apropiándose del diferencial de precio. El caso se llama "Triple A" — según la propia defensa de Álvarez, por las iniciales de "Aquiles Álvarez Alcalde", un nombre que usan como argumento de que el caso se armó primero y se investigó después. El 2 de agosto de 2026, con el juicio todavía en curso (restaban testimonios y alegatos finales), la Fiscalía, ARCH y Petroecuador pidieron formalmente la pena máxima — 6 años y 9 meses de prisión — más la disolución de 6 empresas y una reparación integral de USD 61,5 millones. El Tribunal de Garantías Penales no ha emitido veredicto: lo del 2 de agosto es un pedido de la parte acusadora dentro del juicio, no una sentencia. Este es un caso legalmente distinto de otras dos causas que también pesan sobre Álvarez ("Goleada", lavado de activos, y "Grillete", incumplimiento de decisión de autoridad) — se documentan por separado para no mezclar delitos, montos y estados procesales distintos.
Comercialización ilegal de combustible Monto citado: $61.500.000 Fiscalía General del Estado / ARCH / Petroecuador EP
Caso Progen En investigación Durante la crisis eléctrica de 2024, Celec EP contrató de forma emergente a Progen Industries —una empresa estadounidense sin domicilio en Ecuador— para instalar generación térmica en Salitral y Quevedo. Los generadores nunca operaron por incumplir especificaciones técnicas, y el 70% de anticipo pagado (USD 104,4 millones) se investiga como presunto peculado. Una demanda civil de Celec en una corte federal de Florida reveló además que ese dinero se dispersó a cuentas personales en cuestión de semanas.
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $104.400.000 Ministerio de Energía y Minas / Celec EP
La Fiscalía acusa a la constructora china Sinohydro de haber repartido USD 76,1 millones en sobornos —mediante consultorías y servicios presuntamente ficticios— para asegurar la adjudicación y el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. El expresidente Lenín Moreno y su círculo familiar habrían recibido más de USD 1 millón de ese total.
Cohecho (sobornos) Monto citado: $76.100.000 Coca Codo Sinclair EP / Secretaría del Agua
Caso Monika Silva — tráfico de tierras en Santa Elena En investigación Monika Silva Koniuszek, activista polaca radicada más de una década en Montañita (Santa Elena), denunció durante años ventas irregulares de tierra municipal sin subasta pública — más de 1.600 hectáreas en total, según sus propias denuncias — señalando al entonces alcalde de Santa Elena Otto Vera, a la empresa camaronera Bellitec y a otros funcionarios locales de Santa Elena y La Libertad. Fue hallada sin vida en su vivienda el 8 de junio de 2026. La Policía reportó un 'surco visible en el cuello'; las autoridades ecuatorianas no han confirmado oficialmente la causa de muerte (ver caveats — hay versiones contradictorias sobre si hubo o no un golpe y estrangulamiento). Meses antes había denunciado públicamente amenazas de sicariato.
Enriquecimiento ilícito Lavado de activos Tráfico de influencias GAD Municipal de Santa Elena y GAD Municipal de La Libertad / Contraloría General del Estado
Caso Isspol — Decevale En juicio Exdirectivos y técnicos de Decevale habrían emitido certificaciones de custodia falsas y manipulado sistemas informáticos para aparentar respaldo sobre USD 693 millones que en realidad fueron desviados a empresas panameñas, afectando al fondo de pensiones de la Policía Nacional (Isspol) y a más de 90.000 familias.
Lavado de activos Monto citado: $693.000.000 Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) / Decevale
Peculado en contratos de agua potable de Durán Sentencia firme La Fiscalía investigó contratos de agua potable suscritos durante la alcaldía de Alexandra Arce en Durán (2014-2019); en enero de 2026 ella y el también exalcalde Dalton Narváez fueron condenados a 13 años de prisión por peculado, con inhabilitación política de por vida. Arce fue además asambleísta de Revolución Ciudadana. El caso surgió durante la investigación de este sitio sobre el cantón Durán, uno de los de mayor tasa de homicidios del país.
Peculado (fondos públicos) Municipio de Durán (GAD Durán)
Caso Reconstrucción de Manabí Sentencia firme Como presidente y secretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Jorge Glas y Carlos Bernal habrían desviado fondos de la Ley de Solidaridad —recaudados para las víctimas del terremoto de 2016 en Manabí— hacia obras no prioritarias, incluidos 10 contratos por USD 165 millones adjudicados de forma directa a Concrenor, empresa de familiares de Bernal.
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $165.000.000 Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción
Caso Metástasis Sentencia firme Investigación que reveló una red de jueces, fiscales, abogados y policías que habrían manipulado procesos judiciales a cambio de pagos, en beneficio de organizaciones de crimen organizado y narcotráfico ligadas a Leandro Norero.
Cohecho (sobornos) Tráfico de influencias Función Judicial (jueces, fiscales) / Policía Nacional
Caso Odebrecht Ecuador Sentencia firme La constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016 para obtener y mantener contratos públicos, entre ellos los de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El excontralor Carlos Pólit fue además condenado por exigir pagos a la empresa a cambio de eliminar hallazgos de auditoría.
Cohecho (sobornos) Concusión (extorsión desde el cargo) Monto citado: $33.500.000 Secretaría del Agua / Coca Codo Sinclair
Caso de sobreprecios en insumos médicos (pandemia) Sentencia firme Durante la pandemia de 2020, el Hospital Los Ceibos del IESS (Guayaquil) compró fundas para cadáveres a USD 148,50 cada una, cuando su precio regular era de USD 12 — el hallazgo que destapó una red de sobreprecios en insumos médicos ligada al empresario Daniel Salcedo y su hermano Noé.
Peculado (fondos públicos) Lavado de activos IESS — Hospital Los Ceibos (Guayaquil)
Caso Sobornos 2012-2016 Sentencia firme La Fiscalía sostuvo que, en paralelo a la Presidencia, se montó una estructura que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado, para financiar actividades políticas de Alianza PAIS entre 2012 y 2016.
Cohecho (sobornos) Presidencia de la República / Alianza PAIS
Análisis y estadísticas 56 Personas implicadas
20 Condenados/as
1 Prófugos/as
9.1 Años promedio de condena
Por veredicto Juicio político archivado 1 Mecanismo legal (por caso) Peculado (fondos públicos) 4 Comercialización ilegal de combustible 1 Concusión (extorsión desde el cargo) 1 Instituciones más mencionadas Ministerio de Energía y Minas 3 Presidencia de la República 3 Progen Industries (EE.UU.) 2 Contraloría General del Estado 2 Montos citados por caso Caso Monto citado Caso Pruebas COVID-19 — familia Bucaram $321.600 Caso "Triple A" — comercialización ilegal de combustible subsidiado $61.500.000 Caso Progen $104.400.000 Caso Sinohydro $76.100.000 Caso Isspol — Decevale $693.000.000 Caso Reconstrucción de Manabí $165.000.000 Caso Odebrecht Ecuador $33.500.000
Limitaciones de esta muestra